¿Qué ley o parte de la legislación española considera que  debe  ser revisada de forma urgente para evitar estas situaciones y otras en el ámbito de delitos socieoeconómicos?
Como ya he dicho, creo necesario revisar el concepto de delito fiscal para no abusar del uso del Derecho penal, que es la última ratio. Se ha diluido la frontera entre lo ilícito penal y lo ilícito administrativo o tributario. Hay que definir claramente en qué consiste  lo ilícito penal sin zonas grises o se puede llegar a criminalizar el mundo empresarial  y amenazar su normal funcionamiento. Por ejemplo, un asesor fiscal puede adquirir miedo de aconsejar sobre la planificación fiscal a su cliente. No me parece normal dados los reducidos límites que debe tener el derecho penal  que en nuestro país se haya sentado en el banquillo a varios directivos de bancos.  No se puede criminalizar en exceso y el ámbito de lo punible debe ser claro y reconocible.
 Afortunadamente, el Tribunal Constitucional ha puesto freno  a esta indebida expansión del derecho penal tributario con una reciente sentencia. Llegar a una situación razonable es cuestión de tiempo porque en España llevamos retraso respecto a Europa en la definición del delito económico, como demuestra que la introducción de la figura del delito societario se remonta tan sólo al año 95.
 -Usted ha comentado en alguna ocasión que las empresas son cada vez más vulnerables a los delitos socioeconómicos y parece inevitable hablar de los acontecimientos acaecidos en Marbella. ¿Por qué el sector inmobiliario parece ser más proclive que otras actividades económicas a estos delitos?
Lo que quiero decir es que actualmente es fácil incurrir en un delito fiscal porque la jurisprudencia ha llevado la definición del delito a sentidos demasiado amplios y ambiguos. Además, hay una exagerada subordinación al criterio de la inspección de tributos. Conozco casos de empresas inculpadas porque la inspección eliminó gastos que, siendo reales, no podían justificarse por algún motivo. Por supuesto, esto no quita que haya empresas con voluntad deliberada de delinquir.
 Desde luego, el problema de irregularidades en la ordenación del suelo está bastante extendido y no se limita a una sola región, incluso diría que ha existido hasta cierta permisividad social.
 Por supuesto creo que hay que luchar contra la corrupción con firmeza, pero hay varias cosas del caso de Marbella que me preocupan. ¿Quién está tutelando los derechos constitucionales de los imputados? ¿Dónde queda la presunción de inocencia?. En la persecución de estos delitos puede darse  una agresividad institucional excesiva y las garantías procesales del imputado, recogidas en la constitución, se ven seriamente puestas en peligro. Casos como estos son la prueba del algodón para un Estado de Derecho: ver si el Juez, el Estado,  es capaz de reequilibrar situaciones y exigir adecuadamente las responsabilidades sin vulnerar  los derechos constitucionales.
 -Sin embargo, la sensación general es que se ha tardado mucho en intervenir ante delitos flagrantes en los que la presunción de inocencia se ha dejado atrás. ¿No cree mejor actuar pronto y evitar el deterioro de la imagen de uno de los sectores más importantes de nuestra economía y el descrédito de la Administración Pública?
Que haya habido pagos como condición de recalificaciones o concesión de licencias compromete la credibilidad de la Administración. Y es claro que debe reaccionarse pronto y enérgicamente, pero tengo la experiencia de que estas macrocausas se suelen ir desinflando, y en todo caso no disculpan  del  debido respeto de los derechos de los imputados, que en ocasiones son tratados en bloque, generalizando la imputación, y la limitación de todos sus derechos personales y patrimoniales. Además las actuaciones suelen declararse secretas lo que impide  a los abogados defensores conocer el alcance de las imputaciones y actuar en defensa de su cliente. Por otro lado, la prisión cautelar sin fianza debe ser una medida subsidiaria y se tiende a abusar de ella primando el éxito de la investigación sobre la presunción de inocencia.
 Todo esto siembra posibles nulidades de cara al juicio futuro y sólo perjudica a la normalidad institucional, al Estado de Derecho y a la propia lucha efectiva contra la corrupción. Se puede perder legitimidad y restar eficacia final.
 Asimismo, encuentro que hoy en día hay una grave disfunción en el papel del Juez que se convierte en juez-policía impulsor de las investigaciones en lugar de en juez de garantías. Su verdadero papel es tutelar los derechos del imputado y no puede ser a la vez juez y parte, pues se compromete su imparcialidad para adoptar medidas limitativas de derechos. En otros países la instrucción la lleva el Fiscal. 
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EL BUFETE
-Casi dos años después de crear su despacho, ¿los resultados han compensado su decisión?
La verdad es que estoy muy satisfecho. La decisión respondía a la necesidad de desarrollar un proyecto personal para contribuir al ejercicio de la abogacía en el ámbito del Derecho Penal Económico. Es esta un área de gran alcance y que engarza con otras disciplinas como el Derecho mercantil, tributario o administrativo. Todos los sectores tienden a especializarse y creo que el abogado también debe ser especialista en su materia, sobre todo en un campo tan sensible como éste, ya que cada vez se incrementan más los riesgos de que una empresa incurra en un delito  socioeconómico.
 Además de la necesaria formación y capacidad técnica, creo que los despachos penales deben ser personalistas. El cliente se enfrenta a problemas serios y requiere una atención muy personalizada. Aunque en el Despacho trabajan otros abogados, me dedico personalmente a todas las causas y los clientes han recompensado esa implicación con una gran fidelidad al despacho. Por eso, nosotros somos muy selectivos y no queremos crecer sin control. El límite lo marca la capacidad de seguir dedicándome personalmente a los casos para mantener el prestigio y la calidad.
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EL PERFIL
José Antonio Choclán Montalvo es el socio titular del despacho que lleva su nombre. Es Doctor en Derecho y Magistrado desde 1990, habiendo servido distintos destinos de la jurisdicción penal, el último en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Posteriormente prestó sus servicios como letrado del Consejo General del Poder Judicial en el puesto de Jefe del Servicio de Formación Continuada y como Jefe de Estudios e Informes. Es autor de diversas obras como Manuales de Derecho Penal y ha publicado numerosas monografías y artículos. En 2004 pide la excedencia para fundar el Despacho y volcar toda su experiencia y conocimiento de la práctica judicial en el ejercicio libre de la profesión.